Políticas regulatorias y Derecho Administrativo

Glosario

Glosario

 

Regulación

Por regulación podemos entender, de entrada, tres cosas:

  • Regulación como normación. Regulación como producto normativo (ley o reglamento, por ejemplo) o como actividad de producción normativa (elaboración de la ley y el reglamento). Regulación equivale aquí a “legislación” o “normación”. En inglés británico se utiliza en ese sentido cuando se habla de “regular mejor” o de “mejor regulación” (“better regulation”). En inglés norteamericano, además y en su sentido más estricto, se identifica el término “regulation” con “reglamento”.
  • Regulación como dirección de un sector económico. Regulación como actividad de dirección de un sector económico concreto, antes en mano pública (telecomunicaciones o energía, por ejemplo). Por regulación se entienden aquí el conjunto de actuaciones públicas de naturaleza diversa, que no tienen en muchos casos carácter normativo: observancia y seguimiento del sector, supervisión de las empresas reguladas, la adjudicación de derechos y la concreción de sus obligaciones, la inspección de la actividad, la resolución de conflictos, etc. Se trata entonces de un sector económico “regulado”, aunque sujeto a la libre competencia. Es una “autorregulación regulada”. El término “sector regulado” o “regulación” quiere ser expresivo de la intensa actividad de dirección y control que ese mercado experimenta a manos de la autoridad administrativa, que recibe a su vez el nombre de “regulador”.
  • Regulación como dirección y organización públicas del sector o mercado. En un sentido aún más amplio que el anterior y referido ya a todos los ámbitos, se entiende por regulación toda actividad -normativa o no- que pretenda influir directa o indirectamente en las conductas o comportamientos de los agentes y operadores, y en la consecución de los objetivos deseados. Regular aquí no es sólo dictar una norma, sino otras muchas cosas, utilizar el mercado, el consenso, la información o el código.

 

Política regulatoria (o reforma regulatoria)

Para la OCDE, la “política regulatoria” -en la expresión literal inglesa (“regulatory policy”) o política de mejora de la regulación, también conocida como “regular mejor”-  pretende acometer un proceso permanente de “reformas regulatorias”, esto es, de revisión de las estructuras y de los métodos de regulación para que ésta sea de calidad, pues de ello se han de seguir múltiples efectos para la sociedad y la economía. Una mejor regulación ha de ser, en esencia, primero, una regulación que obedezca y responda a necesidades de interés general, en beneficio del bien común; segundo, una regulación que se halle sólidamente justificada y fundada; y, tercero, una regulación diseñada estratégicamente, de tal modo que sea capaz de lograr los propósitos y objetivos perseguidos (pág. 9 del documento Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth (Draft Report), octubre 2010).  Una buena política regulatoria ha de contribuir a que quienes tienen que decidir tengan la información necesaria para saber qué regular, quiénes han de ser los destinatarios de la regulación, y cómo ha de regularse (ibídem).

  • La política regulatoria abarca el ciclo completo de hacer política: desde la selección de las prioridades en el espacio y en el tiempo, pasando por la integración de más o menos políticas sectoriales en cada caso, hasta la definición de las estrategias para su aplicación en la práctica, su seguimiento y evaluación permanentes (“ex ante” y “ex post”).
  • La política regulatoria, en otras palabras, persigue “regular mejor” y ello se ha traducido, según las etapas y circunstancias (como las propias de la presente crisis económica y financiera), en diversas actuaciones: reformas estructurales, desregulación, innovación, simplificación, mayor colaboración interadministrativa, etc. (págs. 40 y ss.; 35 y ss. del citado informe). La política regulatoria -o regular mejor- en el ámbito de la OCDE pretende facilitar una economía más competitiva. Simplificar el acceso al mercado, construir una sólida confianza y seguridad jurídica para la inversión, por ejemplo, reclaman, según la OCDE, una regulación más inteligente y una Administración más sofisticada.
  • Las reformas estructurales que fomenta la política regulatoria pueden tener por objeto, por ejemplo, la mejora de la educación superior, el medio ambiente, el .mercado laboral o el inmobiliario.
©derechoadministrativocontemporaneo.org